El “Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático” elaborado por el gobierno argentino representa una guía de acciones por implementar hasta 2030 para poder cumplir con los compromisos asumidos ante Naciones Unidas en la materia.
Si bien dicho plan fue presentado en 2022, recientemente se publicó un documento anexo al mismo, las “Fichas de medidas de adaptación, mitigación o pérdidas y daños”, que incluye el protocolo de acciones concretas por implementar para poder alcanzar las metas asumidas.
El documento en cuestión es bastante farragoso –tiene una extensión superior a las 900 páginas–, pero está repleto de sorpresas. Y no de las buenas. Uno de las apartados del texto propone “promover la rotación de cultivos” y, por supuesto, nadie que conozca el tema puede estar en contra de una medida semejante.
Esa acción, explica el documento, “implica alternar de forma inter e intraanual y de manera planificada distintos cultivos en una misma superficie, de forma tal de mantener el suelo cubierto durante todo el año”.
“Dentro de los beneficios asociados se identifican, entre otros, el aporte de materia orgánica al suelo, que conlleva la fijación de carbono, la consecuente mejora de las propiedades físico-químicas y la disminución de la erosión”, añade.
Para eso al 2030 Argentina, señala el documento, se compromete a incrementar la superficie de los cereales (maíz y trigo) en detrimento de la superficie de oleaginosas (soja), buscando mantener
una proporción de 48/52 respectivamente.
Y aquí viene la sorpresa. “Para lograr esto se encuentra vigente un decreto que establece un derecho de exportación diferencial entre cereales y oleaginosas (Decreto N° 230/2020)”, señala el texto sin ponerse colorado.
Es decir: se indica que el establecimiento de un derecho de exportación del 33% para los productos del complejo sojero y del 12% para cereales es una acción orientada a promover la incorporación de gramíneas en la rotación agrícola. Lo más insólito es que, según consta en el documento, el costo de esa acción fue estimado en 8,0 millones de dólares. Difícil saber cómo se llegó a ese número cobrando retenciones.
“Al 2030, se mejora el monitoreo de los cultivos de servicio, mediante el sostenimiento del relevamiento de información, alcanzando diez campañas con datos”, añade el documento, sin advertir que, justamente, una de los grandes obstáculos para promover prácticas agrícolas regenerativas –como es el caso de los cultivos de servicio– es extraer recursos de las empresas agrícolas por medio de políticas distorsivas.
El texto plantea además la necesidad de desarrollar “modelos para estimar la dinámica del carbono en suelos, adecuado a las circunstancias nacionales, y que permita la estimación del impacto de la medida de mitigación” en referencia a la rotación de cultivos.
“Si bien se espera que con ésta práctica haya un aumento en el carbono almacenado en el suelo y la reducción de emisiones, en la actualidad el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (Ingei) de Argentina no cuenta con una metodología adecuada para cuantificar las reducciones de emisiones esperadas por la medida”, añade.