El gremio Atilra, que agrupa a los trabajadores de las industrias láctea, blanqueó después de un largo conflicto que ya lleva más de cuatro meses con la empresa SanCor, que no detendrá sus acciones judiciales en reclamo de deudas salariares hasta que esa ofensiva termine en un pedido de quiebra de la histórica cooperativa láctea.
“Si la entidad no paga la deuda histórica salarial, no se detendrán las acciones judiciales y esas acciones desembocarán en la quiebra de la cooperativa”, avisó el vocero de Atilra. El sindicato publicó además una solicitada en la que vuelve a escalar en el enfrentamiento con el directorio de la empresa con sede en Sunchales.
“Jamas nos hemos negado al diálogo, solo que a lo largo del tiempo nunca hubo una propuesta de pago de la deuda histórica salarial. Y más aún, los acuerdos firmados por la empresa para cancelar las deudas con nuestra obra social y sindicato, tampoco los cumplió y hoy se encuentran en estado de ejecución”, dice el sindicato en esa solicitada. Así las cosas, cobra sentido la amenaza de agotar todas las instancias hasta llegar a la quiebra de la empresa láctea, que otrora fuera la nave insignia de la lechería nacional. Como acreedor de la firma, Atilra ha iniciado expedientes judiciales con su reclamo de deudas y podría, en cierto momento, reclamar a un juez que defina la quiebra.
El gremio cuenta además que en el mes de febrero sus directivos le reunieron con Marcelo Gornati, el gerente general de SanCor, quien “les solicitó una tregua en la ejecución de la deuda salarial”. En esa ocasión, el directivo de SanCor anticipó a los sindicalistas que la cooperativa mantenía contactos con grupos inversores que ponían como condición para llegar a un acuerdo la resolución de esas deudas.
“Estatutariamente las autoridades de nuestras entidades se encuentran obligadas a perseguir y finiquitar el cobro de sus acreencias, así como las y los trabajadores tienen derecho a reclamar judicialmente el pago de la deuda histórica salarial. De modo que le consultamos al Sr. Gornati por qué razón debíamos paralizar nuestras demandas judiciales ante una empresa que adeuda morosamente, que persigue a las y los trabajadores que reclaman por sus derechos, militariza la fábrica, incumple con los convenios firmados, y difama a la conducción sindical. No supo contestar. Se retiró manifestando que en breve extendería una propuesta de pago y que los inversores se contactarían con nosotros”, relató Atilra.
Luego señaló que el gerente general de SanCor “no volvió a aparecer, pero a la semana siguiente cuatro grupos inversores se pusieron en contacto. Todos habían hablado ya con directivos de la empresa y nos manifestaron su voluntad de incorporarse como conducción en un proyecto de recuperación, siempre y cuando se solucione la deuda con las y los trabajadores, la obra social, la mutual y el sindicato. Al respecto a todos les expusimos como condición, que un eventual acuerdo debe contemplar no solo el pago de las deudas, sino también la prioridad de trabajo para nuestros afiliados, cuestión en la que estuvieron de acuerdo”.
Peor ahí el sindicato volvió a dar muestras de su intransigencia en esta batalla contra la conducción de SanCor que comenzó en octubre pasado e incluyó huelgas y asambleas, y hasta bloqueos en la actividad en las principales plantas de la empresa, a punto tal que en las últimas semanas el gobierno de la provincia de Santa Fe decidió enviar efectivos de la policía para evitar la paralización del trabajo entre los empleados que han decidido volver a sus tareas.
La conducción sindical, que había apoyado activamente la creación de un fideicomiso para que un grupo de empresarios nacionales tome el control de SanCor y desplace a la actual conducción de la cooperativa, en un intento que fracasó por falta de financiamiento oficial en noviembre del año pasado, reiteró que sus demandas sobre viejas deudas son legítimas y que ya están en la justicia. Y que eventualmente conducirán a un pedido de quiebra.
“Los trabajadores tienen derecho a reclamar judicialmente el pago de la deuda histórica salarial. De modo que no detendremos las acciones judiciales iniciadas ni las por iniciar que, ante la falta de pago y de acuerdo a la ley, desembocarán en la quiebra. A partir de allí, será necesaria la participación de los trabajadores unidos que bregarán por la continuidad de la fuente de trabajo con el apoyo de nuestras entidades”, se avisó en la solicitada,
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