La caída del tratamiento del proyecto de “Ley Ómnibus” en el Congreso, que contenía un capítulo referido a la adopción del régimen UPOV-91 en materia de propiedad intelectual en semillas, quitó a la cuestión de la agenda pública.
Sin embargo, este miércoles los representantes de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), entidad que está celebrando su 75 aniversario, aprovecharon el tradicional acto del lanzamiento de la cosecha de semillas para intentar reinstalar la cuestión en la agenda pública.
Junto a autoridades nacionales y provinciales, los integrantes de ASA organizaron una recorrida por la planta santafesina de la empresa Satus, localizada en Murphy, Santa Fe, donde observaron el proceso de la recepción de la espigas, deschalado y secado.
“Nuestro gobierno apoya el UPOV-91”, remarco el subsecretario de Agricultura de la Nación, Germán Di Bella, para luego añadir que “la propiedad intelectual para nosotros es clave para el desarrollo de la economía”.
Todas las organizaciones gremiales agropecuarias se manifestaron en contra de la adopción del régimen de UPV-91, mientras que las entidades técnicas CREA y Aapresid, si bien reconocieron que es indispensable acordar un nuevo marco para poder asegurar el retorno de la inversión en genética, dejaron en claro que para lograr eso no resulta inexorable adoptar UPOV-91.
“Creemos que la propiedad intelectual de nuestro trabajo hace a la soberanía nacional”, aseguró el director ejecutivo de ASA, Alfredo Paseyro, quien volvió a insistir en la necesidad de dejar atrás UPOV-78 para adoptar la nueva versión publicada en 1991.
“La actividad que nosotros hacemos tiene múltiples disciplinas e instituciones que nos dan un marco de previsibilidad para poner en las manos de los productores la mejor semilla de la mejor calidad. Para nosotros, una semilla que no tiene calidad no es una semilla”, añadió.
Mientras que en Brasil y Uruguay, donde rige UPOV-78, los productores y obtentores llegaron a acuerdos que permiten valorizar y monetizar el trabajo del desarrollo genético en un marco de armonía de intereses entre las partes, en la Argentina tanto el gobierno como la industria semillera se muestra empecinada en la necesidad de adoptar UPOV-91 para asegurar la rentabilidad de las empresas del sector y, por extensión, la disponibilidad de capital para promover desarrollos genéticos.
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